La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir (Integrada por 12 países de América Latina,  incluido  España  como  país  asociado)  expresa  su  más  sentida  preocupación  ante  las afirmaciones  del  papa  Francisco  durante  la  marcha  con  organizaciones  anti  derechos autodenominadas Pro-Vida,  el  día 12  de mayo  del  presente  año  en Roma,    planteando    que    se  "garantice  la protección  jurídica del embrión", de manera que  se  "proteja al  ser humano desde el primer instante de su existencia”.

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ABORTO NO PUNIBLE:

A CASI UN SIGLO DE SU REGULACIÓN Y A MÁS DE UN AÑO DEL FALLO “F.A.L.”

Pocos días atrás los médicos de un hospital público de la provincia de Tucumán realizaron un aborto no punible a una niña de 11 años que había sido violada. Aunque la interrupción del embarazo se enmarca dentro de los permisos legales para interrumpir el embarazo y fue llevada a cabo de acuerdo a las pautas fijadas por la Corte Suprema, los profesionales fueron denunciados en sede penal por la posible comisión de los delitos de aborto, abuso de autoridad y mal desempeño de los deberes de funcionarios públicos.

Este caso deja al descubierto tanto los avances obtenidos, pues sin dudas resulta auspicioso que la niña haya accedido a la práctica en el sistema público de salud, como los obstáculos que aún persisten para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan interrumpir un embarazo que sea producto de una violación o que ponga en riesgo su salud o su vida. En este sentido, la denuncia penal formulada carece de todo asidero legal, pues se trata de una conducta lícita, y es demostrativa de las dificultades y resistencias que deben enfrentar no sólo las mujeres afectadas, sino también las y los profesionales de la salud que actúan conforme a la ley.

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Católicas por el Derecho a Decidir recibió en marzo de 2013 el premio al “Aporte de género en la lucha social y política”, en el marco de los premios entregados a distintas personalidades y organizaciones que aportan a la lucha de las mujeres que organizó la Unión de Mujeres Argentinas (UMA).

Católicas por el Derecho a Decidir y la asociación jujeña Juanita Moro fueron las organizaciones premiadas por su “Aporte de género a la lucha social y política”. En cuanto a personalidades, otras mujeres premiadas fueron Silvia Carolina Scotto, Rectora de la Universidad de Córdoba por su “Aporte a la teoría de género”; la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco por su “Aporte de género en la lucha contra la violencia”. María Teresa Merciadri de Morini recibió la estatuilla dorada por su “Aporte de género a la coherencia y trayectoria en los derechos de las Mujeres”.

María Inés Brasecco, de UMA, resaltó los logros que el movimiento de mujeres y las feministas hemos tenido, y reivindicó al 8 de marzo como día de lucha internacional por los derechos de las mujeres trabajadoras. Destacó que en algunos casos todavía cuesta la implementación de esos avances porque todavía queda un largo camino de lucha contra la cultura patriarcal.

Como mujeres católicas nos solidarizamos y repudiamos la sanción que el Vaticano impone al sacerdote Nicolás Alessio, sacerdote cordobés de la parroquia de San Cayetano, quien trabaja con un compromiso de 30 años por la opción por los pobres y en defensa de los derechos de igualdad de aquellas personas que deciden vivir su sexualidad desde su elección. Su pronunciamiento público y su apoyo al matrimonio igualitario le valió una sanción del Arzobispo Ñañez. El proceso llegó hasta el Vaticano y través de la Congregación para el Clero, se decidió el 6 de febrero de 2013 que este sacerdote ya no tenga más los derechos propios del sacerdocio y no esté vinculado a las restantes obligaciones conexas.

Nos preocupa que esta jerarquía, que sanciona a Alessio por seguir los pasos de Jesús al no cerrar las puertas de la iglesia al diferente, al pobre, al enfermo, al que los fariseos declaraban impuros/impuras, no expulse a los sacerdotes pedófilos a los que comulgaron con la dictadura.

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A raíz de las declaraciones del Senador Aníbal Fernández en el diario "Tiempo Argentino" en referencia a la imposibilidad del tratamiento la ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo desde la designación de Jorge Bergoglio como Papa,quienes formamos parte de la Alianza de Abogad@s por los DDHH de las mujeres queremos resaltar que la actual legislación penal es una norma que lejos de impedir que las mujeres aborten, solo dificulta su vida, exponiéndolas a maltratos y a perjuicios en su salud.

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